Segunda subasta de energías renovables

A raíz de la noticia que os presentamos el pasado día 30 de agosto (Subasta 3.300 Megavatios), tenemos algunos cambios que fueron anunciados el 8 de septiembre sobre la, muy esperada, 2ª subasta de energías renovables. Los cambios a destacar son principalmente en términos de fechas. En un primer lugar, vamos a abordar los cambios en la 1ª fase de la subasta:

  • El nuevo plazo de presentación de documentación para la precalificación y calificación empieza el 13 de septiembre en vez del 8 de septiembre. A su vez, se extiende el cierre de dicho plazo al 7 de octubre, 2 días más que anteriormente.
  • La subasta tendrá lugar el 19 de octubre y no el 14 de octubre como se había fijado en un primer lugar.

En términos de plazos de finalización de proyectos también se observan cambios:

  • Las instalaciones de disponibilidad acelerada han de estar disponibles el 30/09/2022 (11 meses) mientras que en la propuesta se daban únicamente 8 meses para su puesta en marcha.
  • En las instalaciones de cupo normal es donde observamos mayores cambios, pues bien, la planta deberá estar operativa el 30/06/2023 (20 meses, es decir, 2 meses más tarde que en la propuesta). Sin embargo, este plazo es 4 meses inferior al que tuvimos en la 1ª subasta en la que se disponía de 2 años.
  • Por último, las instalaciones fotovoltaicas de carácter local han visto incrementado su plazo para empezar a funcionar considerablemente (6 meses más), lo que les pone una fecha límite fijada el 31/10/2023 (24 meses).

Por lo demás, todo sigue igual, siendo las cantidades a garantizar de 60€/kw según la Orden TED/1161/2020 y la cantidad subastada total 3.300 megavatios.

Las opciones para garantizar dichas cantidades siguen siendo igual de variadas, pero desde Ores & Bryan nos gustaría remarcar las ventajas que para este tipo de operaciones tiene el seguro de caución de punto de conexión:

  • No computa en CIRBE, lo que aumenta la capacidad crediticia de la empresa al no estar consumiendo crédito.
  • No inmoviliza recursos financieros que pueden estar siendo utilizados al mismo tiempo en otras actividades/operaciones de la empresa.
  • Los costes son inferiores, al no tener comisiones de estudio ni riesgo.

Por último, destacar que el rating exigido a las compañías aseguradoras para poder presentarse en dicha subasta son los siguientes:

  • Calificación BBB- si es otorgado por S&P, Fitch o DBRS
  • Calificación Baa3 si es otorgado por Moody’s
  • Calificación B- si es otorgado por A.M Best

Si esta interesado puede visitar nuestras sección fianzas de conexión a la red eléctrica.

Avales y Fianzas dispone de un equipo de profesionales y de la experiencia de más de 30 años en el sector para poder llevar a cabo dicho proyecto con las mayores garantías. Si tiene alguna duda, no dude en contactarnos, estaremos encantados de responder a sus preguntas e inquietudes.

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Seguro caucion punto conexión o aval bancario

SUBASTA 3.300 MEGAVATIOS, ¿seguro de caución de punto de conexión o aval bancario?

En una época donde los telediarios abren día tras día sus informativos con precios récord de la luz, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, anunciaba el lunes 16 de agosto de 2021 una nueva subasta de 3.300 Megavatios de energías renovables que se celebrará, en principio, el 14 de octubre de 2021.

 

Tras el éxito de la 1ª subasta realizada el 26 de enero de 2021 de 3.000 MW, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha iniciado los trámites para celebrar en octubre una nueva subasta de 3.300 MW eólicos y fotovoltaicos con plazos de ejecución acelerados, para que su generación rebaje cuanto antes los precios de la electricidad que ha alcanzado máximos históricos en julio y avanzar en la consecución de los objetivos climáticos junto a la UE. La subasta se estructura en distintos cupos o reservas de potencia, entre las que destacan seiscientos megavatios (600 MW) que tendrán que estar operativos en un plazo de ocho meses y 300 MW para pequeñas instalaciones fotovoltaicas con relevante participación local. Además de dar prioridad a aquellas instalaciones que garanticen la disponibilidad de energía en un corto plazo de tiempo para abordar los problemas mencionados anteriormente lo antes posible, se subastarán 700MW para tecnología fotovoltaica y 1.500MW para tecnología eólica terrestre.

El importe de la garantía se establece en 60€/kw, o lo que es lo mismo, 60.000€/MW, según la Orden TED/1161/2020 que mencionamos en artículos anteriores, siendo este requisito indispensable para participar en dicha subasta teniendo que ser previamente autorizada por la Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía y Hacienda.

Dicha garantía se puede formalizar mediante aval bancario, depósito en efectivo o seguro de caución de punto de conexión, siendo este último el más recomendado. Existen distintas alternativas para la formalización de la garantía, no obstante, el seguro de caución de punto de conexión sigue siendo el mejor por estos motivos:

  • No computa en CIRBE, aumentando así la capacidad crediticia de la empresa al no estar consumiendo crédito
  • No inmoviliza recursos financieros que pueden estar siendo utilizados para otras actividades/operaciones
  • Menos costes asociados, ya que no hay comisiones de estudio

 

Además, se establece un requisito de rating mínimo para aquellas compañías aseguradoras que vayan a facilitar las garantías

  • Calificación BBB- si es otorgado por S&P, Fitch o DBRS
  • Calificación Baa3 si es otorgado por Moody’s
  • Calificación B- si es otorgado por A.M Best

Para aquellos interesados en esta nueva subasta, es importante destacar que la apertura del plazo para la entrega de la documentación para la precalificación y calificación será el 8 septiembre 2021 y la posterior subasta se celebrará el 14 de octubre.

Si le interesa puede leer más acerca de Fianzas de conexión a la red eléctrica.

Seguros de caución para aplazamiento de impuestos

Entre las modalidades de seguros de caución podemos encontrar el aval para aplazamiento de impuestos. Esta tipología de seguros se da como consecuencia de obligaciones tributarias
frente a la Administración Pública ya sea IVA, ICIO, IRPF o cuotas de la seguridad social, entre otros. Se presenta ante la Administración Tributaria. A través del aval de aplazamiento de impuestos se permite cumplir con las obligaciones impositivas con mayor flexibilidad y asegurar dichas obligaciones ante la Administración.

Según el Reglamento General de Recaudación es requisito indispensable presentar una garantía para la concesión del aplazamiento del pago. En la práctica, con la solicitud de aplazamiento se debe presentar una carta de compromiso emitida por la aseguradora confirmando la emisión del aval. Posteriormente, Hacienda aprobará la concesión del fraccionamiento y deberá aportarse el aval definitivo. En caso de rechazar la concesión, el aval se cancelará.

Para la concesión del aplazamiento se debe tener en cuenta se exigirá depositar este aval siempre que la deuda a pagar sea superior a 30.000€ y la misma se encuentre en periodo voluntario o ejecutivo de pago.

Sobre el importe de la deuda, al presentar la oferta se tendrán en cuenta las deudas que recoge la propia solicitud de aplazamiento, así como otras para las que se haya realizado este
mismo trámite aún sin haber sido resuelto el fraccionamiento y el importe de los vencimientos pendientes de ingreso. Las deudas serán verificadas por el órgano de recaudación que
corresponda.

El aval para aplazamiento de impuestos se suele utilizar por diversos motivos:
– Favorece la capacidad crediticia ya que no computa en CIRBE
– Menores costes

En Ores y Bryan somos especialistas en seguros de caución para aplazar impuestos a las mejores condiciones. Si necesitas más información al respecto, nuestro equipo está a vuestra
disposición para asesoraros y aclarar vuestras dudas.

LA GARANTÍA DE LAS CANTIDADES ENTREGADAS ANTICIPADAMENTE EN LA COMPRA DE UNA VIVIENDA

La garantía de las cantidades entregadas anticipadamente en la compra de una vivienda

La compra de una vivienda en fase de construcción o sobre planos puede generar inseguridades en los compradores, estas incertidumbres están en la conciencia de muchos españoles debido a las malas praxis durante los años del boom inmobiliario. Durante esta época, muchos compradores entregaron dinero a los promotores para hacer la reserva de una vivienda y nunca se les entregaron sus casas ni tampoco se les devolvieron las cantidades de dinero aportadas.

Sin embargo, tras el estallido del boom inmobiliario en 2008 el Gobierno acabó con esta situación con la modificación introducida por la Ley 20/2015 de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, en la parte que hace referencia al régimen de garantías en la compra de vivienda sobre plano de la Ley de Ordenación de la Edificación. En la disposición adicional primera, se establecen de dicha norma se establece:
(…)

Disposición adicional primera. Percepción de cantidades a cuenta del precio durante la construcción.

Uno. Obligaciones de los promotores que perciban cantidades anticipadas.

1. Las personas físicas y jurídicas que promuevan la construcción de toda clase de viviendas, incluidas las que se realicen en régimen de comunidad de propietarios o sociedad cooperativa, y que pretendan obtener de los adquirentes entregas de dinero para su construcción, deberán cumplir las condiciones siguientes:

a) Garantizar, desde la obtención de la licencia de edificación, la devolución de las cantidades entregadas más los intereses legales, mediante contrato de seguro de caución suscrito con entidades aseguradoras debidamente autorizadas para operar en España, o mediante aval solidario emitido por entidades de crédito debidamente autorizadas, para el caso de que la construcción no se inicie o no llegue a buen fin en el plazo convenido para la entrega de la vivienda.(…)

2. La garantía se extenderá a las cantidades aportadas por los adquirentes, incluidos los impuestos aplicables, más el interés legal del dinero.

Dos. Requisitos de las garantías.
(…)

h) En caso de que la construcción no se inicie o no llegue a buen fin en el plazo convenido el asegurado, siempre que haya requerido de manera fehaciente al promotor para la devolución de las cantidades aportadas a cuenta, incluidos los impuestos aplicables y sus intereses y este en el plazo de treinta días no haya procedido a su devolución, podrá reclamar al asegurador el abono de la indemnización correspondiente. Igualmente, el asegurado podrá reclamar directamente al asegurador cuando no resulte posible la reclamación previa al promotor. El asegurador deberá indemnizar al asegurado en el plazo de treinta días a contar desde que formule la reclamación.

A través de esta nueva normativa, se instaura la obligatoriedad para las promotoras de contar con un seguro de caución o aval bancario que garantice a los compradores de las viviendas que han realizado anticipos a cuenta que su vivienda será entregada a tiempo. Además, no sólo se garantizan cantidades entregadas, sino que también se incluirán los intereses. Por tanto, con esta legislación se consigue dar seguridad jurídica a todos los compradores de viviendas que en caso de que la construcción no se inicie o no llegue a buen fin en el plazo convenido, después de haberle reclamado las cantidades entregadas al promotor, en el caso de que éste no responda, recibirán el importe por la aseguradora. Por tanto, esto hace que la compra de una vivienda sobre plano sea totalmente veraz, segura y efectiva; es imposible así que vuelvan a darse los mismos casos de pérdidas económicas que se dieron tras la crisis inmobiliaria del 2008.

Las promotoras pueden cumplir con esta la obligatoriedad impuesta por la ley a través de un aval bancario o a través de un seguro de caución. El seguro de caución se presenta más ventajoso:
– No acumula CIRBE.
– No inmoviliza recursos financieros.
– Disminución de las exigibilidades del balance. Supone un gasto deducible en la cuenta de explotación.
– La especialización representa mejor atención.

 

 

Los seguros de Caución para Cantidades Entregadas a Cuenta tienen efecto desde la fecha de firma del contrato de compraventa entre promotor y comprador, y está en vigor hasta la obtención de la correspondiente documentación legal que permita realizar la entrega de la vivienda. Los intervinientes en este tipo de seguro son:
– Tomador del seguro: es la persona física o jurídica que realiza una promoción de viviendas.
– Asegurados: compradores de viviendas.

En Avales y Finanzas como especialistas en avales técnicos, mediante nuestro departamento especializado de avales y fianzas, acompañamos en toda la vida del proyecto al promotor, en los avales de residuos, condicionantes de licencia, seguros de comunidad, seguros de caución para el afianzamiento de las cantidades recibidas por los compradores… Llevamos más de 30 años en el sector apoyando a promotoras de todas partes de España gracias a nuestra amplia red de comerciales.

Aplazamiento de impuestos

¿En qué consiste la caución para el Aplazamiento de Impuestos?

Debido a las necesidades del mercado y a la situación actual que estamos viviendo por la crisis socioeconómica originada por la pandemia mundial, cada vez, se solicita con más frecuencia el aplazamiento de todo tipo de impuestos.

El Seguro de Caución para aplazamiento de impuestos es un aval que se presenta como garantía para el aplazamiento de impuestos ante la Administración Tributaria permitiendo el cumplimiento de las obligaciones impositivas con mayor margen y flexibilidad a un coste mínimo.

En artículo 46 del Reglamento General de Recaudación se establecen los requisitos necesarios para presentar una solicitud de aplazamiento y fraccionamiento, entre ellos, uno es la posesión de una garantía. Según determina el artículo 82 de la Ley General Tributaria, exigiría aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución cuando el importe sea superior a 30.000,00€ (Orden HAP/2178/2015, de 9 de octubre).

Los más usuales que se suelen aplazar son: IVA (impuesto del valor añadido); IS (impuesto sobre sociedades) y Seguros sociales.

A efectos de la determinación del importe de deuda señalado, se acumularán, en el momento de la solicitud, tanto las deudas a las que se refiere la propia solicitud, como cualesquiera otras del mismo deudor para las que se haya solicitado y no resuelto el aplazamiento o fraccionamiento, así como el importe de los vencimientos pendientes de ingreso de las deudas aplazadas o fraccionadas, salvo que estén debidamente garantizadas. Respecto a la vigencia de este aval, permanecerá vigente hasta que la Agencia Estatal de Administración Tributaria autorice su cancelación.

Podemos encontrar dos tipos de garantías de aplazamiento de impuestos:

  • Los aplazamientos de impuestos en periodo voluntarios (cuando su situación económico-financiera le impida, de forma transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos).
  • Los aplazamientos de impuestos en vía ejecutiva/judiciales.

 

El aval bancario no es la única opción para presentar una garantía, también se puede a través de un seguro de caución, el cual, tiene exactamente la misma validez, la diferencia radica en el ente que garantiza el pago que será una aseguradora en lugar de un banco. Las ventajas de un seguro de caución para el aplazamiento de impuestos frente al aval bancario son:

  1. No computa CIRBE: por tanto, no produce endeudamiento bancario.
  2. Sin pignoración pecuniaria: tan sólo es necesario el pago de la póliza.
  3. Sencillez y claridad: disminución de las comisiones que cobran habitualmente los bancos.

Más información Aplazamiento de impuestos

 

Licencia de juego

¿Qué son las Garantías de licencia de juego?

¿Qué son las garantías de Licencia de Juego?

La explotación y organización de juegos que no tengan carácter ocasional requiere la obtención de una licencia general de la modalidad de juego que se pretende organizar, comercializar y explotar, ya sea “Apuestas”, “Concursos” u “Otros Juegos”. La licencia general habilita a su titular para el ejercicio de juego de apuestas, concursos y otros juegos y, el otorgamiento de dichas licencias se realiza por la DGOJ. Su duración es de 10 años prorrogables por un periodo de idéntica duración.

Asimismo, y junto a la licencia general, se requiere la obtención de la licencia singular correspondiente al tipo de juego que pretende organizar, comercializar o explotar el operador de juego. Su duración mínima es de un año y máxima de cinco, prorrogables por periodos sucesivos de idéntica duración. La pérdida de la licencia general conlleva, a su vez, la perdida de las licencias singulares vinculadas a la misma.

¿Cuáles son las garantías para la licencia de juego general?

En relación a las garantías requeridas para cada tipo de licencia se establece:
Garantías para licencia general.
De conformidad con el anexo I al Real Decreto 1614/2011, de 14 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, en lo relativo a licencias, autorizaciones y registros del juego, la garantía vinculada a la licencia general dentro del período inicial será de dos millones de euros por cada licencia general otorgada
En los años posteriores al período inicial, el importe vinculado a la totalidad de las licencias generales de las que sea titular el operador, cualquiera que fuera su modalidad y su momento de constitución, será de un millón de euros.

¿Cuáles son las garantías para la licencia de juego singular?

El importe de la garantía vinculado a las distintas licencias de juego singulares de las que fuera titular el operador son los siguientes:
Apuestas mutuas deportivas: 1,5 % de los ingresos brutos.
Apuestas mutuas hípicas: 1,5 % de los ingresos brutos.
Apuestas deportivas de contrapartida: 6,5 % de los ingresos netos.
Apuestas hípicas de contrapartida: 7,5 % de los ingresos netos.
Otras apuestas de contrapartida: 6,5 % de los ingresos netos.
Apuestas cruzadas: 7,5 % de los ingresos netos.
Bingo: 6,5 % de los ingresos netos.
Concursos: 2 % de los ingresos brutos.
Ruleta: 8 % de los ingresos netos.
Póquer: 8 % de los ingresos netos.
Black Jack: 8 % de los ingresos netos.
Punto y banca: 8 % de los ingresos netos.
Máquinas de azar: 8 % de los ingresos netos.
Juegos Complementarios: 6,5 % de los ingresos netos.

Situación de las garantías de juego

La DGOJ podrá autorizar, a solicitud del operador, la sustitución de la garantía constituida, no procediendo a la devolución de la garantía sustituida hasta que la nueva garantía sea expresamente considerada suficiente por la DGOJ.
La actualización del importe de la garantía vinculada a las licencias generales o singulares una vez finalizado el periodo inicial deberán acreditarse debidamente ante la Dirección General de Ordenación del Juego antes del 1 de marzo de cada año.

 

Para más información haga clic en el siente enlace:  Seguro de caución para el sector del juego

Noticias de alquileres

Las compañías de seguro indemnizan a los propietarios que sufren impagos

Las compañías de seguros indemnizan una media de 3.179 euros a los propietarios que sufren impagos de sus inquilinos. La compensación más habitual -la mediana- se eleva hasta los 2.750 euros. En casos más extremos, las compañías de seguros han llegado a pagar a los propietarios de viviendas hasta 15.000 euros por compensar la falta de pago del alquiler por parte de un arrendatario.

Son datos que se desprenden el informe ‘El seguro de alquileres’ elaborado por Estamos Seguros y que ha sido dado a conocer hoy por Unespa. El estudio ha sido elaborado con información de 12.500 siniestros aportada por 7 compañías de seguros líderes en esta actividad.

Junto a la protección contra impagos, la otra cobertura más destacada en estos seguros es la cobertura de Daños. En este capítulo el seguro indemniza menos cantidad de dinero. El coste medio del percance asciende a 336 euros, siendo la mediana 185 euros. Indica Unespa que si bien los siniestros materiales tienen consecuencias más modestas por lo general, también pueden generar casos más extremos. Así, alguna entidad ha llegado a indemnizar con más de 45.000 euros para reparar los daños ocasionados por un inquilino.

Por comunidades autónomas, Madrid, Cataluña y Andalucía son las que registran una mayor cantidad de siniestros, siendo también las más pobladas, y suman el 55% de los incidentes totales. La Comunidad de Madrid, con el 17,1% del parque inmobiliario en régimen de alquiler, alberga el 21,5% de los siniestros; Andalucía (13% del parque) alcanza el 16,3% y Cataluña (23,7% del parque) registra el 17,1% de los incidentes.

Por provincias, las más afectadas por siniestros relacionados con los seguros de alquiler se encuentran Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia y Málaga que acumulan la mitad de los percances.

Fuente: Grupo Aseguranza

Crowdfunding

Crowdfunding: Nuevas formas de financiación para Promotores Inmobiliarios

Puede ser que muchas personas que nos leen no sepan exactamente qué es el Crowdfunding o financiación colectiva, pues bien, es un fenómeno reciente que permite la financiación de proyectos sin la intermediación financiera y se desarrolla sobre la base de las nuevas tecnologías.

Básicamente, es un mecanismo de financiación por el que se pone en contacto a través de una plataforma digital a inversores y a empresas para que éstas puedan financiar sus proyectos sin la necesidad de tener que acudir a un banco o a las fuentes de financiación tradicionales.

Su procedimiento es muy sencillo, la empresa envía los datos de su idea a una plataforma online de Crowdfunding, tras esto, se estudia su utilidad y su viabilidad, su idoneidad técnica y legal; y una vez aprobada, se publica en la página web y comienza un período de recaudación de fondos.

Existen cuatro tipos de Crowdfunding dependiendo de la rentabilidad para el inversor:

  • Crowdfunding de Donación.
  • Crowdfunding de Recompensas o perk-based.
  • Crowdfunding de Acciones o Equity Crowdfunding.
  • Crowdfunding de Préstamo o Crowdlending.

Debido a la gran incidencia de esta novedosa forma de financiación, en el año 2015 se aprobó en España la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, esta norma establece por primera vez un régimen jurídico para las plataformas de financiación participativa, dando cobertura a las actividades comúnmente determinadas como “Crowdfunding” y poniendo fin a la laguna legal que existía respecto a esta práctica.

Esta legislación regula tan sólo las figuras en las que el inversor espera recibir una remuneración dineraria por su participación, dejando por tanto fuera del ámbito de esta norma al «crowdfunding» instrumentado mediante compraventas o donaciones.

Así, esta norma, define a las plataformas de financiación participativa como aquellas empresas autorizadas cuya actividad consiste en poner en contacto, de manera profesional y a través de páginas web u otros medios electrónicos, a una pluralidad de personas físicas o jurídicas que ofrecen financiación a cambio de un rendimiento dinerario, denominados inversores, con personas físicas o jurídicas que solicitan financiación en nombre propio para destinarlo a un proyecto de financiación participativa, denominados promotores. La ley excluye de su ámbito a aquellas empresas que desarrollen la actividad cuando la financiación captada por los promotores sea exclusivamente a través de:

  • Donaciones.
  • Venta de bienes y servicios.
  • Préstamos sin intereses.

Por tanto, según la clasificación existente esta ley tan sólo regulará de todos los tipos de Crowdfunding, el Crowdlending.

El sistema de inversión a través de estas plataformas es 100% online y el ticket mínimo de inversión suele ser bajo, incluso en ciertas páginas llega a ser de 100€, esto consigue la democratización de la inversión inmobiliaria haciéndola accesible a cualquier persona.

Asimismo, la ley establece que las plataformas de financiación participativa deben estar inscritas en el registro correspondiente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La norma también regula el importe máximo de captación de fondos por proyecto de financiación y lo determina en 2.000.000 de euros, siendo posible la realización de sucesivas rondas de financiación que no superen el citado importe en cómputo anual. Cuando los proyectos se dirijan exclusivamente a inversores acreditados, el importe máximo anterior podrá alcanzar los 5.000.000 de euros.

Creemos que esta nueva forma de puede ser interesante para el promotor y más si cabe que con la solución de  Ores & Bryan como especialistas en la protección que necesitan las promotoras, mediante nuestro departamento especializado de Avales y fianzas, nos consideramos otra fuente de financiación alternativa al no inmovilizar recursos y no acumular CIRBE, cuando acompañamos en estos proyectos al promotor, en los avales de residuos , condicionantes de licencia y afianzamiento de las cantidades recibidas por los compradores , según ley, desde hace ya 30 años.

Le animo como promotor a indagar en estas posibilidades y como siempre nos ponemos a su disposición para lo que pueda necesitar.