Real Decreto-ley 29/2021

Real Decreto-Ley 29/2021

Dicen que diciembre es fecha para cerrar etapas, así como enero para comenzarlas. El Gobierno siguiendo una analogía navideña, ha querido dotar al mercado energético de un último regalo que aporte nuevos recursos a las promotoras energéticas, que -por seguir con el símil navideño- se hayan “portado bien”. Ha llegado el Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables.
España conoce perfectamente su potencial energético y los inversores también, en 2020 nos situamos como el tercer país de la UE de nueva potencia FV instalada (2,8 GW) y también acumulada (12,7 GW). 2018 significó el pistoletazo de salida a fondos de inversión, promotoras energéticas y demás empresas centradas en las energías renovables de ahí que el Real Decreto-ley 15/2018 ante la gran demanda estableciese medidas anti-especulación que reforzaría con el cumplimiento de una serie de hitos con el Real Decreto Real Decreto-ley 23/2020. Entre otros, se establecen plazos temporales para la obtención de la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable del proyecto, para la obtención de la autorización administrativa previa (AAP), de construcción (AAC) y de explotación (AAE). El incumplimiento de estos hitos supone la caducidad automática de los permisos de acceso y conexión; lo que puede traducirse en la muerte del proyecto antes de que este llegue incluso a materializarse. Estos tres hitos mencionados dependen en gran medida de la acción de la Administración Pública que se ha visto saturada con proyectos por cerca de 150 GW con permiso de acceso y conexión concedido (sumando los de tramitación estatal y autonómica), mientras que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 recoge un incremento en torno a 35 GW de potencia hasta el año 2025 y próximo a los 60 GW para el año 2030. Un disparate a organizar.
Ante esta situación de especial necesidad, el gobierno ha impulsado este nuevo instrumento jurídico excepcional para dar cobertura y estabilizar una situación que parecía desbordante, sobre todo si tenemos en cuenta que el 25 de diciembre de 2021 finalizaba el plazo para el cumplimiento del segundo hito (Obtención del DIA) para el primer contingente de instalaciones que obtuvieron los permisos de acceso con anterioridad al año 2018. Una de las medidas que más afecta a las empresas dedicadas al sector energético a petición unánime de los consejeros de energía y medio ambiente de las CCAA es precisamente la ampliación de plazos para cumplir con los hitos intermedios del artículo 1 del RD-ley 23/2020. Se amplían en 9 meses el plazo de los hitos 2º, 3º y 4º tanto para los permisos antiguos como los nuevos. De esta forma quedarían como sigue:

– Si el permiso de acceso se obtuvo en una fecha comprendida entre el 28 de diciembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2017, ambos inclusive:

1.º Solicitud presentada y admitida de la autorización administrativa previa: 3 meses.
2.º Obtención de la declaración de impacto ambiental favorable: 27 meses. Finalizará el 25 de septiembre de 2022.
3.º Obtención de la autorización administrativa previa: 30 meses. Finalizará el 25 de diciembre de 2022.
4.º Obtención de la autorización administrativa de construcción: 33 meses. Finalizará el 25 de marzo de 2023.
5.º Obtención de la autorización administrativa de explotación definitiva: 5 años.

– Si el permiso de acceso se obtuvo con posterioridad al 31 de diciembre de 2017 y antes de la entrada en vigor de este real decreto-ley:

1.º Solicitud presentada y admitida de la autorización administrativa previa: 6 meses.
2.º Obtención de la declaración de impacto ambiental favorable: 31 meses. Finalizaría el 25 enero 2023.
3.º Obtención de la autorización administrativa previa: 34 meses. Finalizaría el 25 de abril de 2023.
4.º Obtención de la autorización administrativa de construcción: 37 meses. Finalizaría el 25 de julio de 2023.
5.º Obtención de la autorización administrativa de explotación definitiva: 5 años.»

Otra de las medidas que pretende armonizar el mercado es la seguida en la disposición transitoria primera, en la que se le da oportunidad a los titulares o solicitantes de permisos de acceso y, en su caso, conexión para poder renunciar a los mismos en el plazo de un mes, procediéndose a la devolución de las garantías económicas presentadas. Disminuyendo el plazo anterior de tres meses. Permitirá liberar capacidad de acceso a la red y recursos administrativos para la tramitación de proyectos con mayor madurez y viabilidad, así como invitar al especulador a que se marche.

Por último, cabe mencionar que también ha habido una reforma sobre el autoconsumo, resumida en los siguientes cuatro puntos:
1) Ampliación del autoconsumo colectivo a través de red a todos los niveles de tensión.
2) Ampliación de 15 kW a 100 kW del nivel máximo de potencia exenta de depositar garantías para solicitar el permiso de acceso.
3) Introducción de nuevas obligaciones a las empresas distribuidoras respecto al autoconsumo.
4) Ampliación de las funcionalidades del registro de autoconsumo.

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