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Aplazamiento de impuestos

¿En qué consiste la caución para el Aplazamiento de Impuestos?

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Debido a las necesidades del mercado y a la situación actual que estamos viviendo por la crisis socioeconómica originada por la pandemia mundial, cada vez, se solicita con más frecuencia el aplazamiento de todo tipo de impuestos.

El Seguro de Caución para aplazamiento de impuestos es un aval que se presenta como garantía para el aplazamiento de impuestos ante la Administración Tributaria permitiendo el cumplimiento de las obligaciones impositivas con mayor margen y flexibilidad a un coste mínimo.

En artículo 46 del Reglamento General de Recaudación se establecen los requisitos necesarios para presentar una solicitud de aplazamiento y fraccionamiento, entre ellos, uno es la posesión de una garantía. Según determina el artículo 82 de la Ley General Tributaria, exigiría aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución cuando el importe sea superior a 30.000,00€ (Orden HAP/2178/2015, de 9 de octubre).

Los más usuales que se suelen aplazar son: IVA (impuesto del valor añadido); IS (impuesto sobre sociedades) y Seguros sociales.

A efectos de la determinación del importe de deuda señalado, se acumularán, en el momento de la solicitud, tanto las deudas a las que se refiere la propia solicitud, como cualesquiera otras del mismo deudor para las que se haya solicitado y no resuelto el aplazamiento o fraccionamiento, así como el importe de los vencimientos pendientes de ingreso de las deudas aplazadas o fraccionadas, salvo que estén debidamente garantizadas. Respecto a la vigencia de este aval, permanecerá vigente hasta que la Agencia Estatal de Administración Tributaria autorice su cancelación.

Podemos encontrar dos tipos de garantías de aplazamiento de impuestos:

  • Los aplazamientos de impuestos en periodo voluntarios (cuando su situación económico-financiera le impida, de forma transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos).
  • Los aplazamientos de impuestos en vía ejecutiva/judiciales.

 

El aval bancario no es la única opción para presentar una garantía, también se puede a través de un seguro de caución, el cual, tiene exactamente la misma validez, la diferencia radica en el ente que garantiza el pago que será una aseguradora en lugar de un banco. Las ventajas de un seguro de caución para el aplazamiento de impuestos frente al aval bancario son:

  1. No computa CIRBE: por tanto, no produce endeudamiento bancario.
  2. Sin pignoración pecuniaria: tan sólo es necesario el pago de la póliza.
  3. Sencillez y claridad: disminución de las comisiones que cobran habitualmente los bancos.

Más información Aplazamiento de impuestos

 

Licencia de juego

¿Qué son las Garantías de licencia de juego?

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¿Qué son las garantías de Licencia de Juego?

La explotación y organización de juegos que no tengan carácter ocasional requiere la obtención de una licencia general de la modalidad de juego que se pretende organizar, comercializar y explotar, ya sea “Apuestas”, “Concursos” u “Otros Juegos”. La licencia general habilita a su titular para el ejercicio de juego de apuestas, concursos y otros juegos y, el otorgamiento de dichas licencias se realiza por la DGOJ. Su duración es de 10 años prorrogables por un periodo de idéntica duración.

Asimismo, y junto a la licencia general, se requiere la obtención de la licencia singular correspondiente al tipo de juego que pretende organizar, comercializar o explotar el operador de juego. Su duración mínima es de un año y máxima de cinco, prorrogables por periodos sucesivos de idéntica duración. La pérdida de la licencia general conlleva, a su vez, la perdida de las licencias singulares vinculadas a la misma.

¿Cuáles son las garantías para la licencia de juego general?

En relación a las garantías requeridas para cada tipo de licencia se establece:
Garantías para licencia general.
De conformidad con el anexo I al Real Decreto 1614/2011, de 14 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, en lo relativo a licencias, autorizaciones y registros del juego, la garantía vinculada a la licencia general dentro del período inicial será de dos millones de euros por cada licencia general otorgada
En los años posteriores al período inicial, el importe vinculado a la totalidad de las licencias generales de las que sea titular el operador, cualquiera que fuera su modalidad y su momento de constitución, será de un millón de euros.

¿Cuáles son las garantías para la licencia de juego singular?

El importe de la garantía vinculado a las distintas licencias de juego singulares de las que fuera titular el operador son los siguientes:
• Apuestas mutuas deportivas: 1,5 % de los ingresos brutos.
• Apuestas mutuas hípicas: 1,5 % de los ingresos brutos.
• Apuestas deportivas de contrapartida: 6,5 % de los ingresos netos.
• Apuestas hípicas de contrapartida: 7,5 % de los ingresos netos.
• Otras apuestas de contrapartida: 6,5 % de los ingresos netos.
• Apuestas cruzadas: 7,5 % de los ingresos netos.
• Bingo: 6,5 % de los ingresos netos.
• Concursos: 2 % de los ingresos brutos.
• Ruleta: 8 % de los ingresos netos.
• Póquer: 8 % de los ingresos netos.
• Black Jack: 8 % de los ingresos netos.
• Punto y banca: 8 % de los ingresos netos.
• Máquinas de azar: 8 % de los ingresos netos.
• Juegos Complementarios: 6,5 % de los ingresos netos.

Situación de las garantías de juego

La DGOJ podrá autorizar, a solicitud del operador, la sustitución de la garantía constituida, no procediendo a la devolución de la garantía sustituida hasta que la nueva garantía sea expresamente considerada suficiente por la DGOJ.
La actualización del importe de la garantía vinculada a las licencias generales o singulares una vez finalizado el periodo inicial deberán acreditarse debidamente ante la Dirección General de Ordenación del Juego antes del 1 de marzo de cada año.

 

Para más información haga clic en el siente enlace:  Seguro de caución para el sector del juego

Noticias de alquileres

Las compañías de seguro indemnizan a los propietarios que sufren impagos

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Las compañías de seguros indemnizan una media de 3.179 euros a los propietarios que sufren impagos de sus inquilinos. La compensación más habitual -la mediana- se eleva hasta los 2.750 euros. En casos más extremos, las compañías de seguros han llegado a pagar a los propietarios de viviendas hasta 15.000 euros por compensar la falta de pago del alquiler por parte de un arrendatario.

Son datos que se desprenden el informe ‘El seguro de alquileres’ elaborado por Estamos Seguros y que ha sido dado a conocer hoy por Unespa. El estudio ha sido elaborado con información de 12.500 siniestros aportada por 7 compañías de seguros líderes en esta actividad.

Junto a la protección contra impagos, la otra cobertura más destacada en estos seguros es la cobertura de Daños. En este capítulo el seguro indemniza menos cantidad de dinero. El coste medio del percance asciende a 336 euros, siendo la mediana 185 euros. Indica Unespa que si bien los siniestros materiales tienen consecuencias más modestas por lo general, también pueden generar casos más extremos. Así, alguna entidad ha llegado a indemnizar con más de 45.000 euros para reparar los daños ocasionados por un inquilino.

Por comunidades autónomas, Madrid, Cataluña y Andalucía son las que registran una mayor cantidad de siniestros, siendo también las más pobladas, y suman el 55% de los incidentes totales. La Comunidad de Madrid, con el 17,1% del parque inmobiliario en régimen de alquiler, alberga el 21,5% de los siniestros; Andalucía (13% del parque) alcanza el 16,3% y Cataluña (23,7% del parque) registra el 17,1% de los incidentes.

Por provincias, las más afectadas por siniestros relacionados con los seguros de alquiler se encuentran Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia y Málaga que acumulan la mitad de los percances.

Fuente: Grupo Aseguranza

Crowdfunding

Crowdfunding: Nuevas formas de financiación para Promotores Inmobiliarios

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Puede ser que muchas personas que nos leen no sepan exactamente qué es el Crowdfunding o financiación colectiva, pues bien, es un fenómeno reciente que permite la financiación de proyectos sin la intermediación financiera y se desarrolla sobre la base de las nuevas tecnologías.

Básicamente, es un mecanismo de financiación por el que se pone en contacto a través de una plataforma digital a inversores y a empresas para que éstas puedan financiar sus proyectos sin la necesidad de tener que acudir a un banco o a las fuentes de financiación tradicionales.

Su procedimiento es muy sencillo, la empresa envía los datos de su idea a una plataforma online de Crowdfunding, tras esto, se estudia su utilidad y su viabilidad, su idoneidad técnica y legal; y una vez aprobada, se publica en la página web y comienza un período de recaudación de fondos.

Existen cuatro tipos de Crowdfunding dependiendo de la rentabilidad para el inversor:

  • Crowdfunding de Donación.
  • Crowdfunding de Recompensas o perk-based.
  • Crowdfunding de Acciones o Equity Crowdfunding.
  • Crowdfunding de Préstamo o Crowdlending.

Debido a la gran incidencia de esta novedosa forma de financiación, en el año 2015 se aprobó en España la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, esta norma establece por primera vez un régimen jurídico para las plataformas de financiación participativa, dando cobertura a las actividades comúnmente determinadas como “Crowdfunding” y poniendo fin a la laguna legal que existía respecto a esta práctica.

Esta legislación regula tan sólo las figuras en las que el inversor espera recibir una remuneración dineraria por su participación, dejando por tanto fuera del ámbito de esta norma al «crowdfunding» instrumentado mediante compraventas o donaciones.

Así, esta norma, define a las plataformas de financiación participativa como aquellas empresas autorizadas cuya actividad consiste en poner en contacto, de manera profesional y a través de páginas web u otros medios electrónicos, a una pluralidad de personas físicas o jurídicas que ofrecen financiación a cambio de un rendimiento dinerario, denominados inversores, con personas físicas o jurídicas que solicitan financiación en nombre propio para destinarlo a un proyecto de financiación participativa, denominados promotores. La ley excluye de su ámbito a aquellas empresas que desarrollen la actividad cuando la financiación captada por los promotores sea exclusivamente a través de:

  • Donaciones.
  • Venta de bienes y servicios.
  • Préstamos sin intereses.

Por tanto, según la clasificación existente esta ley tan sólo regulará de todos los tipos de Crowdfunding, el Crowdlending.

El sistema de inversión a través de estas plataformas es 100% online y el ticket mínimo de inversión suele ser bajo, incluso en ciertas páginas llega a ser de 100€, esto consigue la democratización de la inversión inmobiliaria haciéndola accesible a cualquier persona.

Asimismo, la ley establece que las plataformas de financiación participativa deben estar inscritas en el registro correspondiente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La norma también regula el importe máximo de captación de fondos por proyecto de financiación y lo determina en 2.000.000 de euros, siendo posible la realización de sucesivas rondas de financiación que no superen el citado importe en cómputo anual. Cuando los proyectos se dirijan exclusivamente a inversores acreditados, el importe máximo anterior podrá alcanzar los 5.000.000 de euros.

Creemos que esta nueva forma de puede ser interesante para el promotor y más si cabe que con la solución de  Ores & Bryan como especialistas en la protección que necesitan las promotoras, mediante nuestro departamento especializado de Avales y fianzas, nos consideramos otra fuente de financiación alternativa al no inmovilizar recursos y no acumular CIRBE, cuando acompañamos en estos proyectos al promotor, en los avales de residuos , condicionantes de licencia y afianzamiento de las cantidades recibidas por los compradores , según ley, desde hace ya 30 años.

Le animo como promotor a indagar en estas posibilidades y como siempre nos ponemos a su disposición para lo que pueda necesitar.

El crecimiento de las energías renovables y los avales de desmantelamiento

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El crecimiento del sector de las energías renovables, desde principio de la década de los 90, ha traído consigo regulaciones y cambios normativos con la intención de dar respuesta a las necesidades del sector. No obstante, se sigue demandando una mejora en cuanto a la coordinación entre las diferentes Administraciones y una mayor unificación de criterios.

A este respecto, haremos mención a los avales de desmantelamiento que son otro tipo de garantías económicas, al margen de las reguladas en los artículos 59 bis y 66 bis del RD 1955/2000, y que son exigibles en determinadas Comunidades Autónomas. Estas garantías han de presentarse ante el Ayuntamiento en cuyo municipio se localice la instalación solar fotovoltaica.

Esta obligación resulta de aplicación para proyectos que se ubiquen en suelo no urbanizable, y tienen por objeto otorgar las garantías económicas suficientes para la restitución de los terrenos a su estado original, una vez concluida la vida útil de la instalación. El importe de esos avales se corresponderá con el presupuesto que debería incluirse en el propio proyecto de desmantelamiento que debe presentarse ante la Administracion.

El aval de desmantelamiento lo reclama la Administración cuando se obtiene la resolución favorable de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y se ha recibido la Autorización Administrativa previa. El promotor debe presentar el resguardo acreditativo de haber depositado una garantía de servicio y desmantelamiento antes de realizar la solicitud de autorización de explotación ante el servicio provincial correspondiente.

Estos avales, son exigidos por algunas CCAA, sin embargo, para otras sólo se exige la aportación del proyecto de desmantelamiento, siendo necesario presentarlo ante la Consejería competente que corresponda en cada Comunidad.

A modo de ejemplo, en el caso de Andalucía, dicho Organismo se corresponde con la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, y sirve para para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.

En definitiva, la Consejería competente en materia de energía establecerá, por resolución, el importe de la garantía necesaria para la restauración de las condiciones ambientales y paisajísticas de los terrenos y de su entorno inmediato.

En Avales y fianzas llevamos 30 años asesorando a nuestros clientes en seguros técnicos, y nuestro departamento de energías renovables está especializado en los seguros de caución específicos para este sector. No dude en ponerse en contacto con nosotros para el asesoramiento especializado de este tipo de garantías.

¿En dónde se pagan los impuestos de la vivienda?

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Todas las personas que son propietarias en España, tienen la obligación de pagar el IBI, pero este no está relacionado con el precio de la vivienda. ¿En dónde se pagan los impuestos de la vivienda?

El impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). Es un tributo municipal y uno de los impuestos que más recaudación permite obtener a los ayuntamientos de toda España ya que, supone una media de 28,2% de sus ingresos anuales.

Se pueden encontrar grandes diferencias entre los precios de la vivienda de unas ciudades a otras e incluso de provincias de la misma comunidad autónoma.

El importe no está relacionado con el precio de la vivienda. Las ciudades más caras de España como Madrid, Barcelona, San Sebastián o Palma de Mallorca, no son las que más cobran por el IBI. Las ciudades que no destacan por unos precios excesivamente caros de las casas, son las que más carga fiscal imponen.

En San Sebastián, una de las ciudades más caras de España para la compra de una vivienda, el IBI supone unos 48€, mucho más bajo que la media nacional y mucho más bajo que el de Soria por ejemplo que está en 152€. La ciudad dónde menos se paga es en Pamplona, 23€. La media nacional se encuentra en 89€.

Los que más pagan por detrás de Soria son los propietarios de Tarragona (148€), Lleida (139€) y los que menos pagan por detrás de Pamplona son los propietarios de Vitoria que están en los 41€ al año, la mitad de la media nacional.

Para hacer el calculo del IBI, los ayuntamientos se basan en varias variables, la primera es el valor catastral del suelo, el valor que refleja el valor del suelo en el que se ubica y la edificación, y las edificaciones que hay encima de él

Aproximadamente cada 10 años se hace una revisión del IBI para ajustarlo a los valores de mercado. Otra variable es el valor catastral de una vivienda, esto se ve en el catastro o en el recibo del IBI que el ayuntamiento envía todo los años a los propietarios de inmuebles.

También hay que sumarle un coeficiente que varía entre el 0,4% y el 1,1% para los inmuebles urbanos y entre un 0,3% y el 0,9% en el caso de los rústicos. Aquí es donde cada ayuntamiento aplica un coeficiente u otro.

La Ley Reguladora de las Haciendas Locales, recoge que los ayuntamientos pueden aumentar los puntos porcentuales de los impuestos cuando se den ciertas circunstancias como:

  • Municipios que sean capital de provincia o comunidad autónoma
  • Municipio en los que haya servicio de transporte público colectivo de superficie.
  • Municipios en los que los ayuntamientos presten más servicios de aquellos a los que están obligados según lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 7/1985 de 2 de abril.
  • Municipios en los que los terrenos de origen rústico representan más del 80% de la superficie total del término.

 

 

 

Riesgos de traslado a otro país

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La globalización ha brindado la oportunidad a todos los países y empresas de trasladar, conocer y adquirir de una forma rápida y asequible, bienes y servicios que hace unos siglos atrás no se obtenían. Pero el mundo globalizado junto con las fuertes oportunidades que ofrece, también tiene un lado oscuro, los riesgos.

Cuando una empresa busca salir al extranjero a ofrecer sus productos, se motiva pensando en la cantidad de oportunidades que esto le brinda, dejando de lado el pensamiento de que riesgos sufre al abrirse a un país hasta ese momento desconocido.

¿Cuáles son los principales tipos de riesgos en la exportación?

  • El principal, es el económico. El valor de las divisas, el cambio de las misma, como afectan a la venta de según que tipo de productos, la inflación en los mercados y todos esos factores que unidos pueden hacerte ganar pero a su vez perder cantidades importantes de dinero.
  • El mundo jurídico del país al que se quiere trasladar la empresa es muy importante, la exportación tiene una regulación específica en cada sitio, los mayores riesgos jurídicos se encuentran en las modificaciones imprevistas que realizan los estados y pueden pillar a la empresa extranjera desprevenida, haciendo que esta pague una gran suma y cumpla su reglamento.
  • Los riesgos comerciales, dependen de las necesidades continuamente cambiantes de los clientes, que en algunos casos son impredecibles o se tardan en descubrir las tendencias hacia las que se dirige.
  • La política, las revueltas sociales, los conflictos pertenecen a los riesgos políticos que pueden afectar directamente a la economía de un país y por consecuencia, a todo el sector empresarial.
  • También hay que tener en cuenta a la competencia, que productos ofrece, si los copian o no, de que componentes lo fabrican. Cuidar que estas empresas de la competencia no contraten a uno de los comerciales de la tuya ya que, son los perfiles con más experiencia en exportación.
  • En lo referente al transporte, la mercancía depende de este servicio, una huelga de transportistas puede hacer mucho daño a una empresa, los papeles de aduana, los documentos que no están en regla pueden también afectar.

Si estás pensando en trasladar tu empresa a otro país, en nuestra web puedes encontrar servicios de interés, click aquí.

Los concursos de acreedores bajan un 4,5%

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Los concursos de acreedores en España llegaron a los 1,790 procesos de insolvencia entre los meses de enero y mayo, esto supone un 4,5% menos que el año pasado y la cifra más baja desde 2008 según la agencia de rating Axesor.

Aunque ha descendido el número de acreedores, el paso siguiente al proceso de insolvencia, es el cierre de la empresa que se ve afectada. De todos los concursos resueltos en este año, un 2,8% ha concluido con un acuerdo entre los acreedores y la empresa para salvar la compañía y seguir con su actividad.

La caída producida, en mayo como en el balance de lo que va de 2018 da una razón de ser por el sector de la construcción, que se encuentra en los niveles más bajos de los últimos 10 años.

En este sector, se iniciaron en mayo 76 procesos formales de insolvencia, un 17,4% menos que en 2017 y la cifra más baja del sector para este mes. De igual forma, el saldo de los cincos primeros meses del año también es más bajo para la construcción desde el año 2008, con 338 casos, un 11,3% menos que entre enero y mayo del año anterior.

Los sectores de la construcción y la industria manufacturera están compensando, la trayectoria del sector del comercio mayorista y minorista, que está denotando una tendencia alcista, con un avance del 8,2% en mayo (80 concursos) y un 10,1% en lo que va de año (416). En Avales y Fianzas, puedes encontrar servicios relacionados con los seguros de caución en España, Europa y Latinoamérica.

Hay que destacar la subida de los concursos en Madrid y Cataluña, en mayo supuso un total de 83 anotaciones, un 29,7% más que en el mismo mes del año pasado. Cataluña es la segunda comunidad con más concursos, 82 registros, un 5,1% más que en el mismo mes de 2017.

En total, hay cinco provincias que saldaron el mes de mayo sin ningún concurso: Almería, Ávila, León, Lleida y Soria.

Por otro lado, la actividad emprendedora se va recuperando. Ha crecido por segundo mes consecutivo un 2,2% la tasa interanual, en mayo se registraron un total de 9.064 nuevas empresas. El sector donde más empresas se dieron de alta fue el de comercio mayorista y minorista, con 1.906 sociedad.

Destacó nuevamente el sector de la construcción, el crecimiento de empresas que se dieron de alta fue del 19,9% el pasado mes, con 1.315 nuevas sociedades, las inmobiliarias nuevas creadas se aumentaron en un 14,4% más.

En lo referente al capital suscrito, se registraron 55,7 millones de euros de los que 234 fueron para actividades financieras y de seguros. El conjunto del año apenas ha aumentado un 1,1% hasta los 2,398,8 millones de lo que el sector de actividades financieras se llevó la mayor parte, 959,6 millones de euros.

El TC media entre asegurado y las compañías

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En este 2018 ya hemos conocido la primera sentencia que ha dictado el Tribunal Constitucional acerca del arbitraje y el asegurado.

El 8 de Octubre de 2017 se presentó la ley 50/1980 de Contrato de Seguro se trataba de una ley en la que el asegurado tenía el derecho a someter a arbitraje cualquier conflicto que pudiese aparecer con su compañía.

El problema que aparecía con esta Ley era que las compañías insistían en que vulneraba los artículos 24 y 117.3 de la Constitución Española. Algunas instituciones públicas han apoyado la denuncia como por ejemplo el Sala de lo penal del Tribunal Superior de Cataluña, Sala de lo Civil de Cataluña…

La realización de esta ley tenía una finalidad positiva al asegurado ya que le permitía tener el derecho al arbitraje. Tras la denuncia por parte de las aseguradoras se plantea un debate cuanto menos curioso. La realidad es que esos artículos que hacen que se deba rectificar la ley 50/1980 van en contra de una norma específica de Derecho Comunitario.

Toda la disputa viene ya que el asegurado al ser la parte débil de la relación contractual se le podría dar la responsabilidad de imponer la solución al conflicto. Esto hace que las compañías aseguradoras sean reacios a esta nueva ley propuesta por el Estado.

Los conflictos entre la ley y la constitución aparecen ya que la ley posibilita la opción de asistir a un procedimiento arbitral con una renuncia obligada a la vía judicial, esto hace que no se cumpla el artículo 24 de la constitución ya que impide el posterior acceso a la jurisdicción.

Por tanto, el asegurador no va a poder seguir teniendo el disfrute de esta ley ya que al final acabará derogada debido a la incompatibilidad con la Constitución Española.

Las soluciones a esto se encuentran en nuestra página web en la que el asesoramiento, apoyo y dedicación a nuestro cliente son partes vitales para el buen desarrollo y funcionamiento de nuestra empresa.

 

El ladrillo vuelve a impulsar la economía

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El ladrillo vuelve a ser una fuerza económica similar a la de los viejos tiempos, tampoco es esta la España de 2007 ya que los salarios bajos y el paro siguen restando por más que el PIB vaya a cerrar su tercer ejercicio consecutivo creciendo por encima del 3%.

A la construcción se le estima una tasa de crecimiento por año próxima al 4% por lo que estaría contribuyendo de nuevo al modelo económico de nuestro país como antes de la crisis. La importancia de la inversión inmobiliaria llegaría así a cotas de 2015 y 2016, aunque en estos años se vieron empujados por grandes operaciones corporativas.

Si en el pasado los grandes animadores del panorama económico eran las sociedades de inversión inmobiliaria, en la actualidad el relevo lo hacen los grandes fondos de inversión. Según los expertos esto es fruto de la consolidación natural del sector.

El aumento de la obra pública también contribuye al impulso de este sector.

Las socimis han reducido al menos una cuarta parte desde el año pasado pasando de un 43% a un 10%. Para esto existe una explicación, tras tres ejercicios de de posición compradora toca hacer caja, lo que quiere decir acelerar los planes de rotación para hacer caja.