El final del plazo para realizar el pago fraccionado supuso una avalancha de solicitudes de aplazamiento del impuesto de sociedades ante la imposibilidad de hacer frente al desembolso necesario por parte de una enorme cantidad de empresas

El aplazamiento del impuesto de sociedades fue incrementado por parte del gobierno el pasado 30 de septiembre hasta situarse en el doble que en 2015, cuando ya había aumentado respecto a ejercicios anteriores. Este aumento supuso finalmente situar el impuesto en casi el triple de lo previsto inicialmente para así poder recaudar un total de 8.300 millones de euros extra que permitieran cumplir con el déficit exigido por Bruselas.

El aumento producido en este pago supone el 23% del resultado contable para empresas cuyo resultado contable supere los 10 millones de euros y de un 25% para bancos o petroleras. Este incremento, introducido a mitad del ejercicio, ha provocado que muchas empresas no pudieran hacer frente a los pagos y se vieran obligados a solicitar un aplazamiento del impuesto de sociedades.

La Agencia Tributaria (AEAT) tendrá que decidir ahora si admite las solicitudes de aplazamiento presentadas o no: en caso de ser denegado el aplazamiento, la totalidad del montante deberá ser abonado inmediatamente.

La AEAT considera, desde 2014, que las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de retenciones e ingresos a cuenta son “inadmisibles” ya que considera que el fin de esta práctica es “defraudatoria”. Las excepciones a esto, según el artículo 82.2 de la Ley General Tributaria, serán aquella en las que el contribuyente “carezca de bienes suficientes para garantizar la deuda y la ejecución de su patrimonio pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad económica respectiva, o pudiera producir graves quebrantos para los intereses de la Hacienda Pública”.

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