Garantías de desmantelamiento 1ª parte: La espada de Damocles.

España se ha convertido por méritos propios en uno de los principales países en cuanto al grado de compromiso en el Acuerdo de París, por el que se busca la cooperación de más de 190 países con el objetivo de reducir las emisiones de gases invernadero y el descenso de las temperaturas medias. Así como nos hemos convertido en un país pionero en la utilización de la energía renovable por la que tanto apuesta este acuerdo entre países. Desgraciadamente no es oro cuanto reluce.

En este sentido, España posee su particular Espada de Damocles que pende y se balancea por encima de nuestras cabezas. Nos referimos al tratamiento de los desechos derivados de la generación de energía eléctrica, enfocada esta sobre todo al final de la vida útil de las plantas de generación de energía. De hecho, la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) estima una producción global de ocho millones de toneladas de desechos en 2030 tras llegar los primeros módulos a su edad de jubilación (25-30 años), y 78 millones en 2050. Un verdadero problema que se acerca con tanta lentitud como constancia.

Para abordarlo, es necesario la adopción de mecanismos eficientes por parte de las diferentes administraciones públicas tanto de las CCAA como de las provincias. Es por ello que aparece la obligación de desmantelamiento; es decir, la obligatoriedad de devolver a su estado original los terrenos ocupados para la planta energética en cuestión. Esto puede llevarse a cabo por diferentes vías; o bien el ayuntamiento te va a exigir una garantía sin la cual no te otorgará licencia de construcción y por tanto no podrás avanzar más allá del 3º hito (Obtención de la autorización administrativa previa). O bien te exigirán la presentación de un plan completo de desmantelamiento de la planta fotovoltaica en cuestión; en el cual se tendrán que añadir las diferentes vicisitudes que acompañarán al proceso de desmontaje, desde la retirada de infraestructuras, cimentaciones, circuitos, etc; hasta la restauración de la flora y fauna autóctona. Será la CCAA la que decida en su normativa interna si adopta la vía de la garantía previa o bien con la presentación del plan detallado y sus anexos es suficiente. Hay que indicar que en ambas opciones te van a exigir un plan de desmantelamiento y en principio te van a obligar a su cumplimiento, la diferencia se encuentra al fin y al cabo en el mecanismo con el que pretender exigir el cumplimiento de la acción de desmantelar.

Podemos aventurarnos como adivinos al decir que las administraciones que pidan la garantía de desmantelamiento se van a ir multiplicando con el tiempo para resolver el ya mencionado problema de Damocles con los desechos acumulados al final de la vida del proyecto energético. Dicha vida útil es lo que otorga en parte, especialidad a este tipo de garantías; precisamente porque pueden estar vigentes priori un mínimo de entre 30 y 35 años (hasta que la planta se de por completamente desmantelada). Es por esto por lo que usualmente van a suponer una tasa mayor que las garantías de conexión a la red ya que el riesgo y la exposición de las aseguradoras, es mucho mayor.

En cuanto a la cuantía, es un factor que difiere a depender de las diferentes CCAA, pues son ellas quienes establecen el valor sea este estimado según los kW, según el coste de la propia planta fotovoltaica o bien el coste total estimado en el proyecto de desmantelamiento. Pero esto ya lo veremos en el siguiente capítulo.

¿Le ha interesado este tema sobre las garantías de desmantelamiento? ¿Le gustaría conocer en qué CCAA es necesaria esta garantía? ¿Su criterio para establecer el valor de la misma? No se pierda la segunda parte sobre este tan curioso como novedoso tema en el que nos centraremos en su parte más específica. Y recuerden, en Ores y Bryan llevamos 30 años asesorando a nuestros clientes en seguros técnicos, y nuestro departamento de energías renovables está especializado en los seguros de caución específicos para este sector. No dude en ponerse en contacto con nosotros para el asesoramiento especializado de este tipo de garantías.